Congreso de Puebla abre debate para regular “arrancones”
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El presidente de la JUGOCOPO, Pavel Gaspar, anuncia la revisión del marco legal ante el aumento de incidentes y quejas ciudadanas, priorizando la prevención de accidentes.
El Poder Legislativo de Puebla ha puesto en la mira la creciente problemática de los “arrancones” ilegales, informando que se iniciará un proceso de revisión exhaustiva del marco jurídico actual para determinar la posible regulación de estas prácticas en el estado.
El anuncio fue hecho por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, quien sostuvo que la medida responde a los incidentes y accidentes registrados recientemente, así como a las constantes quejas de los habitantes en distintos puntos de la entidad.
Gaspar Ramírez explicó que las y los diputados poblanos buscarán identificar si las leyes vigentes son suficientes o si se requiere una reforma específica en áreas como:
• Movilidad y Tránsito: Para establecer sanciones y restricciones claras.
• Seguridad Pública: Para definir la intervención de las autoridades.
• Espectáculos Públicos: En caso de que se determine su posible realización bajo estrictas condiciones controladas.
El eje central del análisis, enfatizó el legislador, es la prevención de accidentes y la disminución de riesgos para participantes, espectadores y la población en general.
“La intención no es criminalizar de manera inmediata a quienes participan en los ‘arrancones’, sino revisar a fondo el fenómeno y sus consecuencias. Buscamos construir un marco regulatorio que brinde certeza jurídica y contribuya a salvaguardar la vida y la seguridad de las personas en el estado de Puebla”, afirmó Gaspar Ramírez.
El líder del Congreso señaló que la revisión no se hará de manera unilateral. Se contempla la apertura de mesas de diálogo con diversas partes interesadas, incluyendo autoridades de seguridad y movilidad. Especialistas en legislación y tránsito. Representantes de la ciudadanía.
Esta estrategia de consenso busca garantizar que cualquier iniciativa de reforma se base en elementos sólidos y que el marco normativo final proteja la integridad de la población, al tiempo que aborda el fenómeno de manera responsable.
